Nulidad manifiesta y acto unilateral de disposición de bienes sociales: nuevas aproximaciones desde la jurisprudencia casatoria

En el presente material Hablaremos Sobre la nulidad manifiesta y los actos de disposición unilateral de los bienes sociales Donde el expositor menciona los siguientes puntos principales:

1. La nulidad manifiesta, regulada en el artículo 220 del Código Civil y desarrollada en el Noveno Pleno Casatorio Civil, que faculta al juez a declararla incluso de oficio cuando sea evidente.
2. Los actos de disposición unilateral de bienes sociales, abordados en el Octavo Pleno Casatorio, que determinan la nulidad cuando uno de los cónyuges dispone sin intervención del otro, conforme al artículo 315 del Código Civil.

El expositor explicó cómo ambos plenos se complementan: la nulidad manifiesta puede alcanzar a actos de disposición de bienes sociales realizados sin el consentimiento de ambos esposos. Asimismo, se analizó jurisprudencia reciente que ilustra la aplicación práctica de estos criterios, como la casación 2337-2020 y el expediente 3061-2011, destacando la tensión entre nulidad y buena fe registral.

Finalmente, se remarcó la necesidad de que los jueces motiven adecuadamente la apertura del contradictorio y la incorporación de oficio de la pretensión de nulidad, en aras de la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales.

En el marco del 105° aniversario institucional, el Dr. Ford Ninamango expuso sobre la nulidad manifiesta y los actos unilaterales de disposición de bienes sociales. Explicó que:

• La nulidad manifiesta puede ser declarada de oficio por el juez cuando resulta evidente (art. 220 C.C. y Noveno Pleno Casatorio).
• Los actos de disposición unilateral de bienes sociales, sin intervención del cónyuge, son nulos por violar normas de orden público (art. 315 C.C. y Octavo Pleno Casatorio).
• Ambos criterios se complementan: la nulidad manifiesta puede aplicarse a dichos actos.
• La Corte Suprema aún debate los alcances de la nulidad frente a la buena fe registral, lo que genera retos prácticos en el tráfico jurídico.

Se concluyó que los jueces deben aplicar estos precedentes con motivación rigurosa para garantizar seguridad jurídica y uniformidad en las decisiones.